Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con
Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en
territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la
firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro
Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de
cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre
fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina:
desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo
contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían
autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la
luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera,
en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el
departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera
suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le
pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del
otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado
de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la
"mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un
"canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era
"oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el
propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas
publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de
la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de
Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese
año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea
que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que
pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los
dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año
pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de
la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew
Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas,
contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía
consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo
Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril
de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió
dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams,
que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal
Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres
actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con
membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de
Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular
por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene
atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la
Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas
particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que
se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio
probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que
reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la
escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría
más contaminación. El problema es que las muestras habían sido
analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la
propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el
jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su
firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete
ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y
finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al
10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se
conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo
argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos
en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si
bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó
que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros,
que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona
cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una
alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si
no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que
alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado
argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa
descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe
aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan
de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de
material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para
generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro
Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que
no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4,
ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se
encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera".
También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas
concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad,
cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que
en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa
considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo
mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que
habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial
de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua
elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el
rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho.
De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron
que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que
el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en
la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto
estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del
Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el
aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser
retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le
envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra,
exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De
Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese
funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de
conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y
sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno
provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una
materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo
mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada;
todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un
organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que
es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde
en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua
cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de
2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que
coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes".
Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la
Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la
derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso.
"Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental
causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto
extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser
tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una
cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional.
El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que
prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente
peligrosos".
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