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La extraccion minera en el sur de Africa, entre neocolonialismos y despotismos politicos La historia del territorio sudafricano ha estado signada por el desenfrenado deambular de las acciones colonizadoras, uno de cuyos principales motores ha sido la expoliación de los recursos mineros ligados a capitales británicos y holandeses. En 1653 se dio el primer asentamiento colonial a manos de los holandeses, quienes establecieron en “Cape Town” una filial de la “Dutch East India Company” abocada a controlar el comercio de especies y materias primas entre Asia y Europa, dando inicio a una economía esclavista fundamentada en el sometimiento de las tribus nómades San y Khoikhoi.
Durante el siglo diecinueve, en 1865 el descubrimiento en “Kimberley” (zona centro) del primer yacimiento de diamantes en el continente desencadenó una ola extractivista liderada por los intereses británicos, que entraron en confrontación con los intereses de los descendientes holandeses arraigados en el territorio y llamados “Afrikáners”. A ello se sumó en 1886, el descubrimiento de enormes reservas de oro en “Witwatersrand” en el área cercana a Johannesburgo, marcando inefablemente el devenir económico y demográfico del territorio.
La explotación minera posibilitó el arraigo del capitalismo como modo de producción dominante en tierras sudafricanas. Al igual que en la experiencia latinoamericana, la expansión del patrón de dominación colonial implicó la expoliación de los recursos naturales, particularmente metalúrgicos, y la dominación de las poblaciones locales a través de una rígida división social del trabajo.
La población negra, que migró en masa a emplearse a los yacimientos mineros bajo paupérrimas condiciones laborales y sanitarias, fue objeto de las primeras iniciativas gubernamentales de segregación que años más tarde se institucionalizaron a través del sistema del Apartheid (1948). Las leyes de clasificación racial reglamentaron todas las esferas de la vida pública y privada, sentenciando a la fuerza laboral negra a residir en barrios marginales sin derechos civiles ni políticos. Las regulaciones coloniales que sustentaron esta geografía social facilitaron la apropiación territorial de los conglomerados mineros consolidando el perfil extractivo-exportador del país.
Nuevos arreglos para engrasar la expoliación
El fin del régimen del Apartheid en 1990, no solo implicó la conformación de un nuevo sistema político caracterizado por el reconocimiento hacia la diversidad cultural y la prohibición de todo tipo de discriminaciones raciales, sino que también dio paso al desarrollo de nuevos marcos normativos asociados a la tenencia y uso de los recursos naturales -hasta entonces de usufructo exclusivo de las elites blancas-, cuales pasan a ser propiedad del naciente Estado multiétnico.
Desde la retórica, la nueva constitución (1996) de carácter garantista y pluralista así como las reformas legislativas llevadas a cabo desde los años noventa se presentaron como iniciativas que permitirían abolir las diferenciaciones raciales, cambiar las legislaciones coloniales y asegurar un acceso equitativo de toda la población hacia los recursos naturales. No obstante, éstas no hicieron más que modelar el campo legislativo para ajustarlo a las prescripciones neoliberales. El nuevo capital transnacional corporativo encuentra así, privilegiadas condiciones para asentarse en uno de los territorios con mayor potencial minero del planeta (Sudáfrica posee el 80% de las reservas mundiales de platino).
Este nuevo ciclo en el que se inserta la minería transnacional en el país, se caracteriza por una neocolonización de las empresas extractivistas como actores protagonistas del “mal desarrollo”, con referentes de carácter local como la “AngloGold Ashanti” o de carácter translatino como la “VALE” (Brasil), que representan a los nuevos conglomerados provenientes de los países “emergentes” del capitalismo internacional. El impulso extractivista que lideran, asume características productivas específicas vinculadas a nuevas modalidades técnicas como la intensificación de la explotación minera a “tajo abierto”, el uso extensivo de químicos altamente contaminantes, la absorción ilimitada del recurso hídrico a través de ciclos de explotación prolongados en el tiempo que se conjugan con arreglos financieros, gigantescas inversiones y procesos de concentración del capital minero.
A su vez, la apropiación de los territorios sudafricanos por parte de los agentes transnacionales se ha visto facilitada por el legado colonial que aún estructura el sistema de tenencia de la tierra, que ha implicado procesos de expropiación territorial para las poblaciones negras, el confinamiento de las diferentes etnias tribales en áreas específicas y la delimitación de fronteras imaginarias que negaron todo tipo de derechos consuetudinarios. Hoy en día, mientras la clase política debate en torno a la “nacionalización” de los recursos naturales, las comunidades locales demandan el reconocimiento de sus identidades étnicas y la restitución de sus territorios ancestrales ocupados por las nuevas gigantes mineras.
Bafokeng: el reinado del platino
El área de Bafokeng ubicada en la Provincia de Rustemburg (centro-norte del país), resulta emblemática en términos de conflictos entre las industrias extractivas y los reclamos por la tenencia de la tierra por parte de las comunidades locales. Si bien la zona ha sido históricamente territorio de naturaleza multiétnica, como consecuencia del segregacionismo territorial y las leyes de discriminación racial de principios del siglo XIX, las poblaciones locales quedaron confinadas bajo la administración del ficticio reino de la “Nación Bafokeng”, lideres étnicos funcionales creados y reconocidos por las autoridades coloniales para facilitar el control sobre el territorio.
El reinado de la “Nación Bafokeng”, intentó homogeneizar a la diversidad cultural bajo su mandato instalando como mecanismo de control un sistema político de carácter monárquico y despótico, conducido por una elite local cuyo accionar se estructuró en concordancia con los intereses colonialistas. Hacia los años 60, en la zona se descubrieron enormes reservas de platino, emplazándose entonces con la venia del “reinado” diversas empresas que comenzaron a redituar a los Bafokeng exuberantes ingresos, siendo hoy en día el grupo étnico más rico y poderoso de Sudáfrica.
Las dinámicas absolutistas instaladas por esta monarquía y avaladas por el Estado han puesto en jaque los principios constitucionales del país. A su vez, se enmarcan en un proceso político histórico más amplio, cual ha perseguido la erosión del rol de las autoridades tradicionales, desvinculándolas de los colectivos para operativizar su actuar en el contexto del acaparamiento económico, desvirtuando la esencia misma del sistema consuetudinario.
Sin el reconocimiento de sus derechos ancestrales a la tierra, empobrecidas y subyugadas por la violencia de los Bafokeng, las tribus locales han experimentado la inconsulta instalación en sus territorios de numerosas transnacionales tales como Xstrata, Anglo Platinum, Impala, Bafokeng Rasimon Platinum, Aquarius Platinum además de la local Royal Bafokeng Platinum entre otras.
El desenfrenado uso de estas tierras para fines extractivistas ha tenido como efecto la aniquilación de las actividades agrícolas y de pastoreo de cientos de familias, la pérdida de las prácticas y vivencias tradicionales además de una escalonada degradación ambiental reflejada en la contaminación de las aguas y el aire, conllevando al surgimiento de nuevas enfermedades tales como asma, tuberculosis y sinusitis. Los años de operaciones mineras han generado también la resquebrajadura de casas producto de las constantes tronaduras y la contaminación de los terrenos superficiales a raíz de cientos de pasivos ambientales no rehabilitados.
Sin embargo, hoy en día las diversas comunidades locales que desconocen a los Bafokeng como sus autoridades tradicionales y que reclaman un origen étnico diferente, se han encaminado en una agitada disputa legal para lograr el reconocimiento de sus derechos a la tierra. Asimismo, la proliferación de diversas movilizaciones en la zona durante el último mes de Febrero 2012, ha buscado denunciar la disconformidad de la población local frente al saqueo irrestricto de las empresas mineras en la zona. La población sudafricana se reacondiciona después de decenas de años de injusticia institucional, se reconstruye y clama cada día con menos miedo que los territorios tribales requieren restitución inmediata.
Zimbabue: transparente corrupción
Hacia fines del siglo XIX, la ocupación colonial del territorio de Zimbabue se inicia bajo el liderazgo de Cecil Rhodes, fundador de la empresa minera De Beers, pionera de la extracción diamantífera en Sudáfrica. Las tierras ancestrales de las tribus Shonas y Ndebele son entonces objeto de la dominación blanca, que apetitosa usufructúa de las riquezas naturales, y logra hacer de esta zona el “granero de África”, abasteciendo alimenticiamente a gran parte del sur del continente.
En 1980, tras una sangrienta lucha guerrillera la ex “Rodesia del Sur” logra su independencia, es el fin del gobierno de los ingleses y el país se abre paso a un nuevo período de vida política a manos del partido nacionalista “Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico” ZANU-PF liderado por Robert Mugabe. Si bien en sus inicios el ZANU-PF persiguió ideales socialistas, transcurridos algunos años el gobierno de Mugabe configuró una dictadura partidista de inusitado despotismo y efervescente corrupción, conllevando a un crítico panorama económico y al desfalco del país hacia el año 2005. Complementariamente, los zimbabuenses fueron objeto de la privación de sus libertades políticas y civiles, sufriendo períodos de represión y múltiples violaciones a sus derechos humanos que solo han mermado desde el año 2008 con la implantación de un gobierno de coalición integrado por el ZANU-PF y el partido de oposición “Movimiento por el Cambio Democrático”.
Este contexto ha favorecido el desarrollo de una serie de industrias extractivas en el país que operan bajo el alero de los intereses de la elite política local, conducida por una falta de transparencia en la rendición de cuentas asociadas al sector extractivo, una forzosa política de desplazamiento hacia las comunidades locales asentadas en las áreas con recursos mineros y el acaparamiento de tierras a manos del Estado.
Marange y los “diamantes de sangre”
El área de Marange, en el distrito de Mutare, Provincia de Manicaland (sur este del país) resulta una de las zonas de mayor conflictividad minera producto de la valiosa reserva diamantífera que contiene, lo cual ha suscitado la ambición de diversas corporaciones transnacionales, una violenta ola de minería ilegal, la ocupación militar además del desplazamiento forzoso a manos del Estado de cientos de familias.
Desde los años 60, estudios de prospección en la zona a cargo de la compañía De Beers, vislumbraron la enorme riqueza en el lugar de estas “piedras preciosas” símbolos de lujuria y poder. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de la década de los 90 que la compañía inició de forma secreta operaciones en la zona. Al respeto, el gobierno de Zimbabue nunca fue informado acerca de las características geológicas del área, especulándose hasta el día de hoy que los yacimientos de Marange pueden llegar a contener el 25 % de las reservas mundiales diamantíferas.
En tanto, como medida populista tendiente a incentivar la adhesión política hacia el cuestionado Robert Mugabe, el gobierno promovió hacia el año 2007 la masiva extracción del recurso alentando a los zimbabuenses a beneficiarse de este bien público. Ello generó una desenfrenada migración de mineros artesanales al lugar, la violenta competencia por la extracción del recurso, la proliferación del tráfico ilegal así como la distorsión de las relaciones sociales dado el incremento de los niveles de alcoholismo, drogadicción y prostitución, asociados a su vez a la expansión del VIH.
A fin de revertir esta crítica situación, la zona es militarizada a mediados del 2008 conllevando a la persecución de los mineros artesanales, abusos desenfrenados hacia los derechos humanos de la población local y el uso desmedido de la fuerza para controlar el acceso, ingreso y movimiento al lugar que es declarado zona restringida a través de la Ley de Lugares y Áreas Protegidas. Dicho panorama conllevó a la muerte de más de 200 personas y cientos de desaparecidos, tiñiendo de sangre la historia de este territorio apropiado por 5 diferentes empresas extractivas de capitales extranjeros y gubernamentales, cuyos directorios están integrados por altos funcionarios de las fuerzas militares y la clase política nacional.
Al respecto, las comunidades locales no solo han debido experimentar las múltiples violaciones a sus derechos y libertades sino que además han sido objeto de desplazamientos inconsultos, contándose hasta la fecha con más de 500 familias reubicadas en zonas no aptas para la agricultura y el pastoreo, antaño su principal fuente de subsistencia. Esta vulnerabilidad que experimentan miles de campesinos se vincula directamente con el sistema de tenencia de la tierra en el país, estructurado en base a: la propiedad estatal, la propiedad privada (sólo en zonas urbanas) y las tierras comunales que en esencia no implican la posesión sobre la tierra para las comunidades locales confiriéndoles el Estado solo derechos al uso y acceso al territorio. Esta situación expone a las comunidades locales a ser aleatoriamente desplazadas de los territorios que habitan, sin garantías para que se reconozcan sus derechos consuetudinarios sobre el territorio y menos la posibilidad de contar con un proceso de consulta orientado hacia el consentimiento.
Hilar la solidaridad Sur-Sur
Las dramáticas características políticas, económicas, sociales y ambientales que asume la experiencia extractiva en el sur de África, se replican en diversas zonas del continente negro. Aprender de estos contextos, conocer las similitudes pero también las diferencias que dichas dinámicas presentan en relación a las realidades latinoamericanas, se torna una vehemente necesidad a fin de configurar redes transnacionales de resistencia que puedan dar respuestas articuladas frente a la industrialización en desmedro de las poblaciones locales.
Mientras los consorcios mineros e industriales, ya sea en África o América Latina, replican sus maniobras de apropiación neocolonialistas apoyadas por las inescrupulosas elites políticas, las resistencias locales pueden encontrar a su vez amplias posibilidades de incidencia en el marco del intercambio y la vinculación con movimientos por la defensa territorial en ambos continentes.
