Montevideo. El borrador de un proyecto de ley que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le entregó a la oposición el jueves para la administración de los recursos hidrocarburíferos en tierra y mar, relega el rol protagónico que ANCAP inició desde 2009 en la gestión, promoción y negociación de esa área de negocio. De al acuerdo a la iniciativa -a la que tuvo acceso El Observador-, el artículo 1 crea el Organismo Nacional de los Recursos Hidrocarburíferos, "una administración autónoma con patrimonio propio, de carácter público". Dentro de sus cometidos, estará "la de administrar íntegramente los recursos y reservas hidrocarburíferas de propiedad del Estado" (...), "en un marco de sustentabilidad ambiental y de desarrollo sostenible".
Hasta acá, el anteproyecto de ley que Presidencia se encargó de redactar cumplía con los objetivos que habían trascendido públicamente sobre la necesidad de que los recursos que pueda generar esa actividad fueran aprovechados por futuras generaciones, en virtud de que es un recurso finito.
Sin embargo, el artículo 3 -que cuenta con 17 ítems- fijas lo poderes jurídicos de este nuevo organismo, tomando el rol en varias áreas donde hoy el control de la gestión está a cargo de ANCAP. El Organismo Nacional de los Recursos Hidrocarburíferos tendrá como misión "asesorar" al Ejecutivo en todo lo referido a la política de hidrocarburos e identificar y evaluar el potencial de estos recursos en el país administrado en un banco de datos geológico.
Pero además, será el encargado de diseñar, "evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de acuerdos con las mejores prácticas internacionales; diseñar, promover, celebrar, administrar, gestionar y fiscalizar los contratos de exploración y producción", y "adjudicar las áreas para exploración y explotación de hidrocarburos". Estas tareas están hoy todas bajo la responsabilidad y gestión de ANCAP, con la supervisión del Ministerio de Industria Energía y Minería que es la cartera que da el aval definitivo. Por tanto, en caso que el consorcio integrado por Total, Exxon y Statoil tengan éxito con su perforación que hoy está en proceso, y este proyecto sea aprobado por Parlamento, el rol del ente petrolero estatal en esa actividad tendrá un notorio retroceso.
Bajo la gestión de ANCAP, se lanzaron dos Ronda Uruguay (I y II) y está en proceso una III. En la Ronda Uruguay II, lanzada en 2012 las petroleras BG, BP, Total y Tullow Oil realizaron inversiones en la cuenca marítima uruguaya por unos US$ 2.000 millones para identificar el potencial de un posible hallazgo. En paralelo, ANCAP obtuvo ingresos por más de US$ 40 millones por la venta de información geológica a petroleras interesadas en la cuenca marítima uruguaya.
El artículo 17 de la iniciativa faculta a los funcionarios de ANCAP que "prestan funciones en temas vinculados a los cometidos de la Administración que se crea, y que sean invitados a prestar funciones en ésta última", a que opten por permanecer en el ente petrolero o incorporarse al nuevo organismo dentro de un plazo de 90 días.
De acuerdo al borrador del proyecto de ley, el Organismo Nacional de los Recursos Hidrocarburíferos también deberá proponer al Poder Ejecutivo "el precio de los hidrocarburos a efectos de la venta de crudo a boca de pozo, quien lo convalidará en un plazo de 10 días". También será el encargado de efectuar la "distribución de lo recaudado por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos", según las pautas que el gobierno determinará en su reglamentación. Tendrá como rol la fiscalización respecto al cumplimiento de las normas técnicas por parte de los operadores, identificar las demandas de recursos humanos, evaluar opciones para la generación de proveedores locales, planificar e impulsar la investigación a innovación del sector, entre otras. Asimismo, deberá "elaborar pautas para garantizar la seguridad, salubridad y la sostenibilidad socioambiental" de esa actividad.
El Organismo Nacional de los Recursos Hidrocarburíferos está dirigido por un consejo directivo de cuatro miembros, que deberán contar con "reconocidas condiciones personales, funcionales y técnicas". El presidente será designado por el Ejecutivo, y tendrá doble voto en caso de empate, aunque el mismo se haya producido con su propio sufragio. Los restantes tres cargos serán designados por el Ejecutivo previa venia del Senado por no menos de tres quintos de votos. Si la venia no se otorgara en un plazo de 15 días, gobierno "podrá prescindir" de la misma. Los integrantes del consejo directivo tendrán las mismas incompatibilidades, y formas de cese que los directores de entes autónomos. 


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