Trabajadores petróleros se unen a comunidades para pedir desbloqueo de proyectos

Panorámica del campo Quifa, que opera Pacific Rubiales

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Portafolio

Cada vez son más los llamados para que la Corte Constitucional tenga en cuenta los aspectos socioeconómicos cuando de proferir sentencias sobre suspensión de explotaciones de petróleo se trata.A la petición sobre el campo Ocelote, la cual fue otorgada de cierta parte de la comunidad de Puerto Gaitán y de entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para permitir a la empresa Hocol operar el área nuevamente, ahora el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Energía (Uten) solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretar medida cautelar al Estado colombiano sobre la revocación de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el proyecto ‘Área de explotación de Hidrocarburos Quifa’.El 23 de febrero pasado, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional de la explotación en un área de este campo, con una producción de 13.000 barriles diarios, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), por estar demasiado cerca al Resguardo Indígena Vencedor Pirirí.Uten alega que para el caso de Quifa en ningún momento el alto tribunal tuvo en cuenta a los empleados, lo que consuma una violación del derecho al trabajo.El sindicato afirma que con la decisión de la Corte se han visto afectados 227 trabajadores directos del campo, y unos 1.000 indirectos, 92 por ciento personas de la región, a quienes potencialmente se les estaría privando de sus bienes (salarios y prestaciones laborales), del área explotada por la compañía Pacific Exploration and Production.A comienzos de esta semana, el mismo alto tribunal decidió levantar la medida provisional de suspensión de las actividades de explotación en el campo Ocelote-Guarrojo, municipio de Puerto Gaitán (Meta), operado por la compañía Hocol, después de que la misma comunidad y las autoridades pidieran su revisión.La diferencia entre Quifa y Ocelote radica en que las quejas provienen, en el primer caso de un sindicato, y en el segundo de la propia comunidad. Un desempleo del 70%El municipio de Orito (Putumayo) representa lo que significan las bonanzas y las crisis del petróleo en el país.Siempre ha sido un pueblo petrolero, dice el alcalde del municipio, Manuel Eduardo Ocoro Carabalí.Por la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la explotación de los pozos O-196 y O-197, en Orito, Putumayo, con una producción de 250 barriles de crudo diarios, y el cierre de otros por motivos económicos, se desató una crisis social por cuenta del desempleo, que ya llega al 70 por ciento, asegura el mandatario local.La industria petrolera movía negocios como hoteles, restaurantes, residencias, transportadores y el comercio local, pero con la crisis ya todo está semiparalizado. Esto ha llevado a la consecuencia lógica en el país: la aparición del vandalismo, atracos y robos en los últimos meses en este municipio de 52.000 habitantes. Ocoro afirma que la población quiere que vuelvan las petroleras, que se active el tema del crudo en el municipio, pero con responsabilidad, respetando al medioambiente y a las comunidades indígenas.El mandatario local asevera que, a pesar de la crisis que se vive, los pobladores del municipio no culpan a las comunidades indígenas por interponer tutelas y suspender explotaciones de algunos pozos.“Unos están satisfechos con la situación, otros no, pero la gente respeta esa situación”, aclara. Ocoro agrega que todo tiene sus pros y sus contras y que como administración tiene la política del petróleo, sí, pero con una responsabilidad social integral para no afectar el medio ambiente.En la actualidad se encuentra en estudio en la Corte Constitucional una tutela interpuesta por las comunidades aledañas, también en ese mismo municipio, para la suspensión de actividades en 20 pozos de Quinde, Cohembí y Quillasinga, con una producción de 8.000 barriles diarios.Consultas sin reglas fijasUn experto consultado por Portafolio afirma que en el proceso de consulta a las comu-nidades no hay normas al respecto. Asegura que en la actualidad no hay un precedente constitucional en la materia.No se sabe si las reglas son obligatorias porque la Corte siempre deja la puerta abierta para determinar el tamaño de la afectación y no se sabe si los resultados a las consultas de las comunidades son mandatorios. “Es por todo esto que hay una inseguridad jurídica que no es buena para el sector”, explicó.Pedro Vargas NúñezSubeditor Portafolio


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