Utilidades mineras vs. Comunidades. El conflicto Minsur

El conflicto desatado entre dirigentes de Antauta (Puno) y la minera Minsur ha despertado la controversia de si las mineras deberían o no dar parte de sus utilidades a las comunidades.
Pese a que el próximo 19 de abril se iniciará la primera mesa de trabajo con representantes de la PCM y Minsur, los dirigentes de Antauta estarían organizando un nuevo paro. El motivo es continuar presionando a la minera para que otorgue el 10% de sus utilidades.
El conflicto que lleva más de seis meses tiene tres ejes en sus reclamos: la contratación del 70% de la mano de obra de los lugareños, el pago utilidades sociales y el resarcimiento de daños medioambientales, temas que serían debatidos en la reunión de mañana.
Pero, ¿Qué son las utilidades y por qué reclaman las comunidades? Las utilidades se entienden como los ingresos totales de una empresa menos los costos de producción y distribución. Son cifras que pueden variar dramáticamente entre un año y otro, siendo en muchos casos, negativas. Además, el actual contexto internacional de precios bajos el sector minero está en una situación de crisis.
En el caso de Minsur, este año los pobladores que reclaman utilidades no recibirían nada ya que los resultados financieros de 2015 reportaron pérdidas para la empresa productora de estaño. Es más, solo podría repartir pasivos. Y surge la pregunta de que sí las comunidades dispuestas a asumirlos.

La ley indica que las utilidades son de la empresa, y cada año deben repartirse a los empleados de la misma, mas no a las comunidades. Las empresas están en toda su potestad de reinvertir sus ingresos, lo que reduce el monto de utilidades. Una práctica que han tomado las mineras que operan en el Perú para poder mantener sus planes de producción.

Las empresas están en toda su potestad de reinvertir sus ingresos, lo que reduce el monto de utilidades

“El convenio marco, con las condiciones que plantea de entregar dinero, no es viable para nosotros. No es política de la empresa transferir dinero en efectivo, que el esquema que plantean no responde a proyectos identificados y que no existe un sustento legal que ampare este tipo de solicitudes” explicó a Mining Press, Alberto Rubina, jefe de Gestión Social de la Unidad San Rafael.
Ahora bien, si las empresas decidieran ceder a este pedido y entregar el “dinero” a las comunidades, ¿se solucionaría el conflicto? No. Ya se ha visto en casos anteriores. (ver. Antecedentes).
Sin duda, la pobreza es persistente en las remotas zonas donde operan las minas y, ante el fracaso del Estado en la provisión de servicios básicos, la expectativa se centra fuertemente en las empresas mineras.
El tema del canon y la mala utilización del mismo son otra prueba de que el dinero contante y sonante no solucionaría ni los conflictos mineros ni los problemas de las comunidades. Los recursos por canon suelen ser utilizados tarde, mal y nunca por las autoridades locales, lo que genera la percepción de que la minería no trae beneficios.
Una de las propuestas de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), es que el canon se distribuya donde se realice la extracción, con el fin de lograr una mayor eficiencia de los fondos que ingresan por tributos, y en ello las empresas mineras pueden contribuir decisivamente.
Pero también es importante que el Estado fiscalice la utilización de estos fondos. Antauta, por ejemplo, es el distrito que más canon recibe en concepto de canon. “Entre 2011 y 2015 recibió S/1.144 millones, pero no se ven ni obras ni proyectos, ni siquiera lo han utilizado en su totalidad”, comentaron desde Minsur.

Antauta es el distrito que más canon recibe en concepto de canon. Entre 2011 y 2015 recibió S/1.144 millones

En las propuestas de los candidatos presidenciales que irán a segunda vuelta este 5 de junio, solo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) toca el tema del canon en su plan de gobierno y propone revisar la Ley General del Canon, de tal forma que beneficie a las comunidades aledañas a los proyectos mineros.

PROPUESTA MINERA

Para Minsur, una solución más viable sería pactar fondos de desarrollo con aportes extraordinarios (tal como ocurrió con el Fondo Voluntario de Solidaridad con el Pueblo que se estableció en el 2007). A esto implementarle los mecanismos de administración conjunta, esquemas de participación ciudadana, indicadores de eficiencia y transparencia. De esta manera, tanto empresa-Estado-comunidad puedan desarrollar consensos que apaguen la conflictividad y, a la vez, lograr que los beneficios lleguen a la población.

ANTECEDENTES

El caso arquetípico es el de la mina Tintaya en Cusco, que en 2003 se comprometió a entregar el 3% de sus utilidades, fondo que si bien ha revertido en proyectos de desarrollo en la zona, de ninguna manera ha aplacado la conflictividad. En 2012 la población de Espinar volvió a la carga solicitando el incremento del porcentaje a 30%
En Puno se han visto casos similares en los ámbitos de las empresas IRL, Arasi, Ciemsa, además del conflicto actual de Minsur, donde las comunidades, o algunos dirigentes, quieren presionan a las mineras a firmar convenios “voluntarios” de entrega de recursos.
Lo que comprueban estos casos, donde las mineras han comprometido parte de sus utilidades a las comunidades, no evitó ningún conflicto. Ha habido grandes manifestaciones, muertos y heridos, y proyectos estancados.
http://www.miningpress.com/nota/296555/utilidades-mineras-vs-comunidades-el-conflicto-minsur