SQM teme que Corfo use litigio para renegociar términos del contrato

Chile

Advirtió a la SEC de EE.UU. que no puede garantizar que la estatal no tome otras acciones a futuro.

Viernes 22 de Abril de 2016.- SQM advirtió ayer a la SEC de Estados Unidos sobre diversos riesgos que enfrenta, en especial con el juicio arbitral que tiene con Corfo por el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama. “No podemos asegurar que Corfo no utilizará este juicio arbitral para tratar de renegociar los términos del contrato de arrendamiento de una manera que no es favorable para SQM Salar (su filial)”, sostuvo la minera no metálica al regulador de EE.UU., en el marco del reporte 20-F que realiza cada año.
Añadió que “no podemos asegurar que Corfo no tomará otras acciones en el futuro en relación con el contrato de arrendamiento que sean contrarias a nuestros intereses”.
En este sentido, indicó que un fallo en contra o un término anticipado del contrato implicaría un efecto negativo en su negocio, situación financiera y operación, entre otros.
La empresa, controlada indirectamente por Julio Ponce, también se refirió al caso cascadas. “Si, por cualquier razón, la compañía no puede diferenciarse de los demandados, dicho incumplimiento podría tener un efecto significativo sobre la reputación de mercado de la empresa y las relaciones comerciales”, advirtió.
Además, agregó, que no pueden asegurar que un fallo no apelable en relación con el procedimiento del caso cascadas o de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, o del SII, que no sea favorable a Julio Ponce o a Patricio Contesse Fica, no tenga un efecto negativo en su reputación en el mercado, relaciones comerciales y en el precio de sus valores, o que las sociedades cascadas no venderán acciones de la empresa o votarán para aumentar los dividendos que pagan a sus accionistas.
En paralelo, la firma expresó que está sujeta a numerosos riesgos (de negocio, situación financiera, flujos de efectivo, etc.) debido a las investigaciones que se realizan en Estados Unidos y Chile, a raíz del financiamiento irregular a la política, por pagos efectuados entre 2009 y 2015.
La Tercera
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