El
control de este negocio por parte de bandas criminales tiene en jaque
uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina.
Amenazas a ejecutivos de Continental Gold, el nuevo capítulo de la
crisis.El occidente de Antioquia es uno de los ejemplos de
las dificultades que tiene Colombia vencer la minería ilegal. La
situación del municipio de Buriticá es cada vez más incontrolable: la
actividad ha sido cooptada por grupos al margen de la ley, especialmente
el clan Úsuga, que ahora declaró objetivo militar a varios ejecutivos
de Continental Gold.
La situación es preocupante porque este proyecto aurífero promete
duplicar la producción agregada del país, que hoy supera las 80
toneladas anuales, el 63 % de las cuales es producto de una actividad
que no paga impuestos ni cumple con los estándares ambientales exigidos.
Si bien el Gobierno ha manifestado su preocupación por este fenómeno,
la realidad, lejos de los escritorios, es que los avances son todavía
incipientes, y Buriticá es un ejemplo de ello. El clan Úsuga produce
cerca de 70.000 onzas anuales de oro, mientras Continental, el único
titular minero de la zona, apenas llega a 6.000.
Una fuente del sector que pidió no ser nombrada explicó que “allí hay
una situación muy difícil porque las autoridades han estado cooptadas,
el alcalde está en la cárcel, lo capturaron en diciembre, el secretario
de Gobierno está en la cárcel y hace poco un ejecutivo de la empresa fue
capturado”.
La participación de actores como el clan Úsuga en esta actividad ha
tenido un efecto perverso en la industria legal. De acuerdo con la
Brújula Minera, la encuesta anual sobre percepción del sector, más del
60 % de las personas consideran que su vida sería mejor sin la
explotación minera, pero este rechazo no es contra la actividad misma
sino contra la reducción de beneficios económicos y los efectos de la
minería ilegal.
Según Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y
rector de la Universidad Externado, “las bandas criminales se han
apoderado del multimillonario negocio de la minería y eso está
significando que más o menos el 60 % de la actividad es ilegal. Hay unos
300 puntos en Colombia de minería ilegal ligados a las bandas
criminales”.
En ese contexto, la empresa invertirá US$400 millones en la
construcción de la mina subterránea más grande del país y aprovechará
uno de los depósitos más importantes de América Latina con unos recursos
que superan los diez millones de onzas y un tenor de 10 gramos de oro
por tonelada.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que, además de la
inacción de las autoridades, se ha presentado “cierta indiferencia de
las directivas de la empresa para resolver ese problema de invasiones”,
en referencia a las minas que funcionan ilegalmente en las inmediaciones
de la concesión de Continental Gold.
Y es que esa invasión y el dominio de los grupos al margen de la ley
han generado, además, la llegada de más de 8.000 personas de otros
municipios en busca de trabajo, a lo cual se suma el uso de mercurio de
manera indiscriminada, el coctel perfecto para una crisis
socioambiental, que, aunque reconocida por las autoridades, no ha sido
atendida.
Entre tanto, el mandatario regional cuestionó la decisión del Gobierno
de esperar hasta julio de 2018 para prohibir el uso de mercurio para la
explotación de oro, sobre todo en Antioquia, donde se usan cerca de cien
toneladas del químico anualmente, convirtiendo a Buriticá en una de las
zonas más contaminadas del mundo.
Aunque ningún vocero de Continental Gold quiso referirse a la situación
de Buriticá, representantes del gremio le dijeron a este medio que la
empresa ha radicado, cuando menos, 200 amparos administrativos en los
que pide a las autoridades atender la emergencia en la zona.
Por: Óscar Güesguán Serpa
ElEspectador.com
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