Ajustarán la legislación en energía.
El 2016 sería el año del gas al interior de la Comisión de Minería y Energía. Esto porque se pretende destinar el año legislativo a estudiar con detención el mensaje que viene de la Cámara Baja, y que modifica la ley de servicios de gas.
Así lo reconoció el presidente de esta instancia, el senador Alejandro García Huidobro, al ser consultado por la agenda 2016. "Esta norma es compleja y queremos dedicarle el tiempo necesario para escuchar a todos los actores relacionados. Recordemos que el escenario del gas ha variado en los últimos años, y debemos ajustar la legislación a esos cambios", aclaró.
Proyecto
En concreto, esta norma en segundo trámite, establece un límite a la rentabilidad de las empresas, y promueve un aumento en la competitividad de este mercado y la entrada de nuevas inversiones que fomenten una masificación en el uso de este combustible.
Dentro de los objetivos del texto que deberán ser estudiados por los integrantes de la citada Comisión, están enfrentar las actuales exigencias regulatorias de los servicios de gas, llenar los actuales vacíos regulatorios, corregir las deficiencias de la normativa aplicable; y actualizar, uniformar y adecuar la terminología y alcance de las normas de la Ley a los requerimientos actuales, en especial en materia de distribución de gas licuado de petróleo por red (también denominado GLP).
De esta forma, el tema principal que regula el proyecto está asociado a establecer de manera muy clara que las empresas distribuidoras de gas por redes van a tener que cumplir un máximo de rentabilidad de tres puntos sobre la tasa de costo de capital que se le calcule periódicamente. La compañía que se pase del margen fijado, quedará inmediatamente sujeto a la tarificación y tendrá que devolver lo que cobró en exceso.
Equidad tarifaria
Uno de los proyectos que comenzó su trámite el 2015 y tendrá su principal desarrollo el 2016, es el que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
El sentido de la propuesta es reconocer el aporte que realizan las comunas donde se produce electricidad, las que paradójicamente deben cancelar cuentas de luz más altas y soportar las consecuencias medioambientales que provoca la producción de dicha energía. Así estas ciudades experimentarán un descuento en las tarifas eléctricas (no sólo las residenciales) de los clientes regulados.
Asimismo, altera el componente de distribución de tarifas. El nuevo esquema establece que la diferencia del promedio de las cuentas a nivel nacional y aquella más alta del país, no sea superior a un 10% de la primera. Dado que esa diferencia es considerable, los clientes regulados que gastan más de 200 kw/h deberán compensar dichos cálculos.
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