Peru.- Concesiones mineras son retenidas sin ser exploradas ni explotadas No es difícil ser minero en el Perú. Obtener una concesión de mil hectáreas para cualquier mortal que se autocalifique como productor minero artesanal requiere de un depósito de apenas US$500 en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet). No se necesita acreditar experiencia minera, ni entregar ningún tipo de garantía, solo basta que la propiedad –al que el interesado aspira a tener en concesión– no haya sido solicitada antes por otra persona o empresa.
La facilidad para obtener una concesión minera ha hecho que el 18,5% del territorio nacional haya sido otorgado con este fin. Esto no quiere decir que en estas áreas haya trabajos mineros; de hecho, según el Ingemmet, solo en el 1% del territorio nacional se hacen actividades de exploración y explotación minera.
Así, de los 128,5 millones de hectáreas (ha) que tiene el país, 23,9 millones se encuentran concesionados y de ellos, solo 1,2 millones concentran operaciones.
¿Qué está pasando con cerca de 22,7 millones de hectáreas que han sido entregados en concesión y que no registran actividad alguna? Aquí algunas respuestas: Gran parte de este territorio está siendo retenido por pequeños especuladores; otro tanto es conservado por empresas que acumulan concesiones con miras a que en algún momento sean puestas en valor y otro tanto está siendo entregado por sus titulares a mineros informales para su explotación, recibiendo a cambio una regalía.
“El sistema de concesiones es bueno, pero muchos se aprovechan de ello. Hay gente que denuncia y pone concesiones para especular y aprovecharse de los mineros honestos. También hay aquellos que se aprovechan de los informales cobrándoles cupos y regalías. Varias personas tienen concesiones en provincias y están en Lima tranquilamente sentadas y esperando que los ilegales les paguen sus regalías”, señala el ex presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Walter Casquino.
Pero esta práctica de acaparar no solo es hecha a pequeña escala. Grandes empresas como BHP Billiton, Golden Ideal Gold Mining y Compañía de Minas Buenaventura, entre otras, tienen una gran cantidad de concesiones dormidas; pagando religiosamente las penalidades y los derechos de vigencia exigidos por ley para mantener en su poder las concesiones.
CHICAS Y GRANDES
El director de Catastro Minero del Ingemmet, Henry Luna, aclara que en estos casos no es que las empresas no quieran invertir o explorar la zona entregada en concesión, sino que para poder desarrollar proyectos de exploración y explotación primero tienen que llegar a acuerdos con las comunidades de las áreas donde se encuentra la concesión y esto suele tardar mucho tiempo.
Según la legislación actual, los concesionarios tienen la posibilidad de retener las concesiones por seis años, período durante el cual solo pagan un derecho de vigencia. En el sexto año deben acreditar un monto mínimo de inversión por hectárea (en la gran minería es de US$100 por ha) en exploración o explotación; de no hacerlo pagan una penalidad, que en el caso de la gran minería es de US$6 por ha –entre el séptimo y duodécimo año– y de US$20 por ha en los siguientes años.
El ex presidente del Ingemmet, Walter Casquino, sostiene que, considerando las ganancias mineras, estos precios resultan irrisorios y es por ello que es más fácil mantener los terrenos y seguir pagando las penalidades sin hacer nada.
Desde el 2004 prácticamente se han triplicado los pagos por derechos de vigencia y penalidades para retener las concesiones, pasando de US$28 millones a US$72 millones en el 2011.
Cecilia Gonzales, socia y especialista en Derecho Minero del Estudio de Abogados Grau, arguye que las mineras requieren de un plazo largo para hacer sus inversiones, en ese sentido, la actual normatividad les da la posibilidad, a las empresas y productores, de retener las concesiones hasta por cerca de veinte años, mientras terminan de hacer los estudios respectivos para producir.
“Aquí hay que entender cómo trabaja el sector. Para que un titular empiece a hacer actividades tiene que tener todas las licencias y autorizaciones del propietario del área superficial. Llegar a un acuerdo con una comunidad puede demorar, con suerte, un año; después están los permisos ambientales, ahí es al menos otro año. Solo en obtención de permisos puedes demorar cuatro años”, refiere.
Usualmente se ha cuestionado el prolongado tiempo que los propietarios de las concesiones dejan pasar sin realizar actividades en la zona de concesión. En el 2008 se intentó que se redujera el plazo de concesión a diez años. Hoy, un proyecto de ley en el Congreso, presentado por el congresista nacionalista Tomás Zamudio, propone declarar la caducidad de las concesiones mineras que no sean explotadas en un plazo máximo de tres años.
El representante legal de Compañía de Minas Buenaventura y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, José Miguel Morales, alerta que la propuesta es inviable.
“Eso es una falta de conocimiento de la actividad minera: desarrollar Antamina tomó 100 años; Cuajone, 70 años; Toquepala, 60 años y Toromocho, 80 años porque hay que explorar. En tres años eso es imposible”, recalca Morales.
Sin embargo, el abogado sí cree que podría ser adecuado subir el monto que debe pagarse por hectárea para mantener el derecho de vigencia en la concesión. Morales cree que se requiere una reforma de la Ley General de Minería para adecuarla a todos estos nuevos aspectos.
EN VALOR
En general al país le debe interesar poner en valor lo más antes posibles su riqueza minera, en ese sentido la inacción le puede costar mucho. Henry Luna explica que hay empresas pequeñas y personas naturales que tienen concesiones cerca de grandes minas a la espera de que ante una eventual expansión puedan negociar el derecho de la concesión por precios astronómicos.
Un empresario minero, que aceptó declarar con la condición de no ser citado, señala que hay áreas que bien podrían estar siendo estudiadas cerca a sus operaciones, pero por la retención de concesiones no pueden hacerlo. “Prácticamente no comen ni dejan comer. Esta situación podría impulsar incluso un mercado secundario de concesiones”, sugiere.
Walter Casquino hace notar que las normas actuales de concesión se establecieron en 1992 en un momento en que se requería promover las concesiones. Hoy la realidad es otra.
